Michael Collemiche, Board Member & Capital Advisor, presidente actual de CDo Latam 2025. Foto: Vanessa GasparLa inteligencia artificial: una oportunidad y un desafío para Latinoamérica
Magaly Saavedra S.La inteligencia artificial (IA) ya no es una tendencia futura, sino una realidad que está transformando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y empresarial. En este 2026 el dilema para Latinoamérica ha evolucionado, ya no es solo la disyuntiva entre quedar rezagados o no, sino que la región debe tener voz propia en la construcción del futuro digital, participando activamente en las decisiones y en la definición de los marcos éticos y estratégicos que guían el uso de la IA.
Un hito fundamental en esta discusión fue el Congreso Anual de CDO LATAM 2025, la asociación sin fines de lucro que agrupa a los líderes de datos (Chief Data Officers) de las organizaciones más influyentes en América Latina. Bajo el liderazgo de Michael Collemiche, Board Member & Capital Advisor, este encuentro celebrado a fines del año pasado en Bogotá —en colaboración con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes— marcó un punto de inflexión en la cohesión de la comunidad tecnológica regional, reuniendo a cientos de expertos en un diálogo trascendental sobre la utilidad real de los datos.
Un ecosistema de visiones diversas
La madurez del ecosistema latinoamericano se refleja en la calidad de sus referentes. Figuras como Juan Gorricho, cuya trayectoria en empresas como Disney, Visa y TD Bank ha demostrado que la analítica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para generar resultados tangibles; o Sebastián Noguera, cofundador de Habi, quien ha probado que una estrategia de datos robusta puede sanear y agilizar mercados complejos como el inmobiliario en Colombia y México.
A este enfoque empresarial se suma la urgencia de la innovación pública. La participación de Melisa Breda, en representación de GovEx (Bloomberg Center for Government Excellence, Universidad Johns Hopkins), subraya la importancia de usar la evidencia y el análisis para mejorar la calidad de vida ciudadana. Junto a expertas como Daphne Leger en estrategia empresarial y Gabriela Vargas Gómez en Derechos Humanos, se consolida una premisa clara: la IA en Latinoamérica debe ser multidisciplinaria o no será equitativa.
mesa de trabajo durante el Congreso Anual de CDO LATAM 2025. Foto: Vanessa GasparLos desafíos: Ética, Justicia y Realidad Social
En el citado Congreso se abordaron temas cruciales como la ética en el gobierno de datos, la regulación de la IA y su impacto en las políticas públicas, la integración de la IA en sectores como la movilidad, la inclusión financiera o la gestión urbana, lo cual demuestra que no hay sectores inmunes a la transformación digital. Asimismo, la apuesta por ciudades inteligentes y sostenibles, por ejemplo, no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede posicionar a Latinoamérica como una región líder en innovación social y tecnológica.
En este sentido, es muy importante destacar el mensaje que emergió en la reunión de Bogotá: la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar industrias, mejorar la gestión pública y promover una mayor inclusión social y económica en Latinoamérica. Sin embargo, es necesario subrayar, que esta transformación también trae consigo importantes retos éticos, regulatorios y de equidad que no se deben ignorar en nuestra región donde persisten grandes diferencias sociales y económicas. Aunque estos avances suenan prometedores, no se puede desconocer que detrás de ellos se esconden riesgos de profundizar aún más las desigualdades existentes. La transformación digital, si no se acompaña de una verdadera justicia social y de políticas que aseguren la equidad, corre el riesgo de profundizar las brechas sociales y económicas que tanto afectan en la región.
Un liderazgo sin populismos
La inteligencia artificial representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo inclusivo de Latinoamérica. Sin embargo, esto no debe abordarse con discursos populistas ni soluciones superficiales. Exige un liderazgo serio, ético y con visión de Estado, capaz de movilizar a la academia, la sociedad civil, el sector privado y el gobierno hacia un objetivo común: que la tecnología sirva a los intereses reales de nuestros pueblos. Deben establecerse marcos comunes que aseguren un uso responsable de la tecnología, que protejan los derechos de los ciudadanos y que fomenten la innovación al mismo tiempo.
En este sentido, es necesario resaltar el trabajo que viene realizando Michael Colemiche como presidente de CDO LATAM para posicionar el tema de la soberanía digital en la región como una premisa fundamental para desarrollar la IA, pues solo mediante una soberanía digital responsable, donde Latinoamérica sea capaz de auditar, crear y gobernar su propio destino tecnológico, podremos transformar esta revolución en una herramienta de prosperidad sostenible para todos.
participantes en el Congreso Anual de CDO LATAM 2025. Foto: vanessa gasparUn nuevo puente entre salud y economía
El gobierno de México formaliza el Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica
Redacción TC&DEl pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas que regirán al nuevo Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica. Este órgano colegiado nace con la misión de condicionar y facilitar las compras de medicamentos de patente y fuente única a cambio de compromisos reales de inversión en territorio nacional.
El acuerdo fue suscrito por los secretarios Marcelo Ebrard (Economía), Raquel Buenrostro (Anticorrupción y Buen Gobierno) y David Kershenobich (Salud), consolidando una estrategia que busca transformar a México de un simple comprador de medicinas a un centro de investigación y manufactura.
El Comité funcionará como una mesa de negociación y análisis dentro de los procedimientos de contratación consolidada. Su objetivo principal es asegurar que las empresas que venden medicamentos exclusivos al Gobierno de México también inviertan en el país.
Para ello, se evaluarán tres ejes fundamentales: investigación científica nacional, capacidad productiva instalada (fábricas y laboratorios) y generación de empleo formal.
Por primera vez, el gobierno establece "umbrales de proporcionalidad" fijos para las empresas interesadas en ofertar medicamentos de patente:
En ciencia y tecnología la inversión en investigación clínica o desarrollo tecnológico debe representar al menos el dos por ciento del monto total de las contrataciones con dicha empresa. Para infraestructura la inversión debe ser de al menos el uno por ciento anualizado destinado a la construcción o modernización de plantas de manufactura en México. Y en empleo el compromiso de incremento neto de empleos permanentes, se establece en al menos el uno por ciento anualizado del monto del contrato, verificado ante el IMSS.
Integración y Operación
El Comité estará presidido por la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Integración Sectorial, y contará con la participación estratégica de la Secretaría de Economía y la Secretaría Anticorrupción, esta última para garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés en las licitaciones.
Birmex, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e IMSS-Bienestar participarán como invitados permanentes con voz pero sin voto, asegurando que las decisiones de inversión estén alineadas con las necesidades reales de abasto de las instituciones de salud.
Convenios de Concertación: El sello del compromiso
Los acuerdos alcanzados no serán meramente simbólicos. El Comité aprobará Convenios de Concertación, instrumentos jurídicos donde se formalizarán los compromisos de las farmacéuticas. La Secretaría Técnica tendrá la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de estos acuerdos; si una empresa no cumple con la inversión prometida, se proveerán elementos a la Secretaría de Salud para la toma de decisiones en futuras planeaciones de compra.
Este nuevo marco regulatorio entra en vigor a partir del 24 de febrero de 2026, marcando un hito en la política industrial y sanitaria del país.
El posible impacto del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica en los precios de los medicamentos de fuente única y patente es un tema complejo que presenta una dualidad: por un lado, busca eficiencia y ahorros mediante la negociación de volumen; por otro, introduce requisitos de inversión que las farmacéuticas podrían intentar trasladar al costo final.
También es posible considerar cuatro ejes que determinarán si este comité logrará bajar los precios o si generará una presión al alza:
1. El Poder de la Compra Consolidada y la Economía de Escala. El Comité no opera de forma aislada, sino dentro de los procesos de compra consolidada. Al unificar la demanda de instituciones masivas como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, el Gobierno de México adquiere un poder de negociación sin precedentes. Impacto a la baja: Al sentar a la industria en una mesa de diálogo (según el Artículo 4 de las reglas), el Gobierno puede negociar precios más competitivos argumentando volúmenes de compra masivos y contratos plurianuales que dan certeza a las empresas.
2. Los Umbrales de Inversión: ¿Valor Agregado o Costo Adicional?. Las reglas establecen que las empresas deben invertir entre el uno y el dos por ciento del monto del contrato en investigación o infraestructura en México. Riesgo de alza: Las farmacéuticas multinacionales operan con márgenes globales. Existe el riesgo de que las empresas consideren estos compromisos de inversión como un "impuesto" o costo operativo adicional, intentando indexar ese gasto en el precio unitario del medicamento para no ver mermada su rentabilidad. Contrapeso: La función del Comité (Art. 4, frac. III) es precisamente corroborar que el monto de la compra sea proporcional a la inversión. Si la empresa intenta inflar el precio, el Comité tiene la facultad de no aprobar el Convenio de Concertación.
3. Sustitución de Importaciones y Logística. Uno de los objetivos del Comité es fomentar la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos (APIs) y plantas de manufactura en territorio nacional. Ahorro logístico: Si un medicamento de patente se envasa o se produce parcialmente en México en lugar de importarse terminado desde Europa o EE. UU., se eliminan costos de aranceles, transporte internacional y seguros especializados (cadena de frío). Estos ahorros deberían reflejarse en un precio final más bajo para el sector público.
4. Transparencia y Competencia (Secretaría Anticorrupción). La presencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro del Comité (Art. 5) es una señal para los mercados. Impacto en el precio: La corrupción y el intermediarismo suelen inflar los precios de los medicamentos hasta en un 30 o 40 por ciento. Si el Comité logra una línea directa entre el fabricante y el Estado, eliminando "coyotes" o distribuidores innecesarios, el precio directo de fábrica resultará en un ahorro neto sustancial, incluso si se le suma el costo de la inversión local.
El éxito del impacto en los precios dependerá de la capacidad técnica de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud. Si logran demostrar que la inversión en México hace a la empresa más eficiente localmente, podrán exigir precios más bajos. Si la industria percibe la regla como una barrera de entrada, el costo de las patentes en México podría mantenerse entre los más altos de la región.
Para entender quiénes son los actores clave en este nuevo escenario, debemos mapear la infraestructura actual. México es el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, y gran parte de los gigantes globales ya operan aquí, pero bajo modelos distintos que ahora deberán ajustarse a las nuevas reglas del Comité.
Los "Hubs" Consolidados: Sanofi y Novartis. Estas empresas ya cuentan con una huella de manufactura importante en México, lo que les da una ventaja competitiva para cumplir con el uno por ciento de inversión en infraestructura.
Sanofi (Francia): Posee una de las plantas de vacunas más modernas del continente en Cuautitlán Izcalli (asociada a Birmex). Para ellos, alcanzar los umbrales de inversión será más sencillo, ya que sus reinversiones anuales en mantenimiento y modernización podrían incluirse fácilmente dentro de los acuerdos de concertación.
Novartis (Suiza): Con una fuerte presencia en medicamentos de alta especialidad (patentes), Novartis ha utilizado a México como centro de distribución regional. El Comité podría presionarlos para que no solo distribuyan, sino que instalen centros de investigación clínica más robustos para cumplir con el 2 por ciento de inversión en ciencia.
En el sector de alta especialidad como Roche y Pfizer, estas compañías lideran el mercado de medicamentos de "fuente única" (como oncológicos o biotecnológicos complejos):
Roche (Suiza): Se centra en medicina personalizada y oncología. Al no tener plantas de manufactura masiva en el país, su estrategia para cumplir con el Comité probablemente se incline hacia el desarrollo tecnológico y estudios clínicos con instituciones públicas mexicanas.
Pfizer (EE. UU.): Tras la experiencia de la pandemia, Pfizer ha fortalecido sus lazos logísticos con México. Sin embargo, bajo las nuevas reglas de febrero de 2026, tendrán que demostrar que el valor de sus patentes de última generación está respaldado por la creación de empleo formal especializado en el país.
En la competencia de genéricos con Patente Expirada tenemos el caso de AstraZeneca:
AstraZeneca (Reino Unido/Suecia): Han sido muy activos en transferencias tecnológicas (como la vacuna de COVID-19 con la planta de Liomont). Esta empresa es el modelo de lo que el Comité busca: colaboración público-privada que deje capacidad instalada en México.
Finalmente, instituciones como la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), que agrupa a estas empresas extranjeras, jugarán un papel crucial. Se espera que en los próximos meses de 2026 inicien mesas de negociación con la Secretaría de Economía para definir qué actividades específicas se considerarán investigación científica y así evitar sanciones o exclusiones de las licitaciones.